El respeto a los derechos humanos es fundamental en una democracia. No obstante, no siempre está garantizado. En el caso de Brasil, la situación paradójica que hace convivir un sistema democrático y altos níveles de violencia por parte de las fuerzas públicas lo demuestra. La análisis de autores como Pinheiro, para quién la violencia policial sirve para sostener otras violaciones, económicas y sociales, a los derechos humanos, agudiza la problemática. Sin embargo, se trata aquí de una democracia jóven, y cabe subrayar el peso del legado autoritario para explicar la situación actual.

 La transición a la democracia en Brasil no fue sinónimo de una ampliación del control sobre las prácticas ilegales de la policia, por falta de reforma de aquellas instituciones. No se modificaron la estructura de organzación, ni los procedimientos de juicios contra los policías militares en caso de crímenes cometidos contra civiles. Por lo tanto, el grado de autonomía de estas fuerzas no se vió afectado por el cambio político. Si el Estado reconoció, en la Constitución de 1988, su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos durante el período autoritario, ahora el contexto cambió. A diferencia del período anterior, el Estado no organiza, ni coordina las acciones de violencia ilegal, auque los abusos sigan. Según las cifras, las principales víctimas ya no son los opositores políticos, sino los pobres, los-no blancos y los adolescentes.

 La ONU considera que los Estados deben garantizar los derechos humanos. Si, en régimen democrático, el Estado no organiza la coerción paralela e ilegal, es responsable por la ausencia de reforma. Y debería empezar por luchar contra la impunidad de los policías. En este ámbito, el gobierno federal manifestó más volundad que las autoridades locales. A partir de los años 1990, como consecuencia de la presión de varias ONGs, empezó a comprometerse al nivel internacional,en particular con la firma de la Declaración y Programa de Acción de Viena. En 2002, Luiz Inácio Lula da Silva indrodujo durante su campaña un plan llamado Sistema Único de Segurança Pública, que debía conducir a una serie de cambios basados articulados en dos ejes: Una reforma de las instituciones de seguridad pública, que implica modernización, mejora de su eficacia, lucha contra la corrupción, para fomentar la confianza popular por una parte, y por otra la implementación de políticas sociales para combatir la delicuencia. No obstante, las pocas inversiones, y la falta de voluntad de los gobiernos estatales ha destapado la brecha entre la retórica y la práctica, que la estadísticas dejaban entrever.

 Si el sondeo de la revista Veja revela la visión que los brasileros tienen de su policia, también apunta que el 72% de ellos piensan que los traficantes son tratados como merecen, incluso cuando están sometidos a torturas. Esta tensión entre inseguridad y derechos humanos dificulta la tarea del gobierno. Como lo decía el ex-Presidente Cardoso, « Decir que la criminalidad es hija de la miseria y de las injusticias sociales es una media verdad. La otra parte del problema es que los brazos del poder político para aplicar la ley están rotos ». La respuesta al desafío de la violencia requiere de un doble esfuerzo, tanto en términos de lucha contra la pobreza y la desigualdad como en las reformas de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial. Al círculo vicioso del arbitrario, de la ineficiencia, de la impunidad y del aumento de la criminalidad conviene oponer lo que Guillermo O’Donnel llamaba el « círculo virtuoso de la democracia », y extender el alcance de la legalidad, garantizando la efectividad de los derechos y de la protección, individual y colectiva, contra la persistencia de fenómenos heredados del autoritarismo.